83 personas defensoras ambientales culminan formación regional para proteger los Grandes Bosques de Mesoamérica

• Una alianza estratégica entre UICN y CATIE, con el apoyo financiero de la Unión Europea y Suecia, para hacer realidad la apuesta del Programa Grandes Bosques de Mesoamérica a nivel territorial.

Con la participación de 83 personas defensoras de los derechos humanos ambientales provenientes de 42 territorios, concluyó el Programa de Capacitación sobre Derechos Humanos Ambientales y la Protección de los Grandes Bosques de Mesoamérica (GBM), una iniciativa desarrollada en el marco del proyecto Tejiendo Redes para la Conservación, los Derechos y la Justicia Ambiental, cofinanciado por la Unión Europea y Suecia, como parte del Programa Grandes Bosques de Mesoamérica, y ejecutado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza).

El proceso cerró el 21 de noviembre con un acto de clausura y entrega de certificados en el campus del CATIE, para representantes de los bosques La Amistad y Tortuguero, ambos en Costa Rica. Semanas antes, el 7 de noviembre, se realizó una ceremonia similar en Esquipulas (Guatemala) para participantes de El Trifinio (El Salvador, Guatemala y Honduras). También participaron defensoras y defensores del territorio Indio Maíz y la Moskitia, así como personas refugiadas nicaragüenses actualmente radicadas en Costa Rica.

Formación para fortalecer derechos, gobernanza y protección

El programa estuvo conformado por tres módulos presenciales (24 horas en cada territorio), diseñados específicamente para fortalecer las capacidades de las personas defensoras ambientales según los lineamientos del Acuerdo de Escazú y las necesidades locales diagnosticadas a inicios de 2025.

El primer módulo profundizó en los marcos legales nacionales, internacionales y consuetudinarios vinculados a los derechos humanos ambientales, y brindó herramientas para respaldar el trabajo de defensa territorial. El segundo módulo acercó conocimientos técnicos sobre bosques, monitoreo comunitario, gobernanza ambiental y medios de vida sostenibles, integrando herramientas tecnológicas de uso local y metodologías participativas. El tercer módulo, realizado con el apoyo de la Clínica Jurídica de la Universidad Iberoamericana de Puebla, fortaleció la capacidad de identificar riesgos, gestionar amenazas y aplicar enfoques de protección basados en derechos humanos, género y cuidado colectivo.

Durante las sesiones, las personas participantes compartieron experiencias desde sus territorios, aprendieron a utilizar plataformas digitales de monitoreo forestal y realizaron ejercicios de análisis de actores, riesgos y gobernanza. Estos espacios permitieron combinar conocimientos científicos y saberes tradicionales, integrando la cosmovisión indígena y comunitaria en la gestión de los bosques.

“Este curso nos permitió comprender con mayor profundidad la dimensión de los derechos humanos y su estrecha relación con los derechos ambientales. Entender el contexto y las vulnerabilidades de las personas defensoras nos abre nuevas perspectivas sobre los actores que necesitamos articular para cumplir la misión de proteger nuestros bosques. Mi mayor aprendizaje es que, muchas veces, ni siquiera nos conocemos entre quienes compartimos la misma causa, y que sentar una base común en derechos humanos y ambientales es esencial para que nuestros territorios prosperen y mantengan su salud. Ese es el mensaje que quiero llevar de regreso a mi comunidad”, señaló Andrés Augusto González, encargado de participación ciudadana y gobernanza del Área de Conservación Tortuguero del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), de Costa Rica.

Asimismo, Arlin Layan Hernández, participante de la comunidad indígena Bribri de Talamanca, comentó que la capacitación fue un aprendizaje invaluable: conocer a personas de otros territorios, compartir nuestras experiencias y descubrir que compartimos el mismo compromiso por los bosques y la naturaleza. “Además, las herramientas tecnológicas que aprendimos a utilizar serán muy útiles para fortalecer diferentes actividades comunitarias”, concluyó.

Por su parte, Damaris Vargas, Magistrada Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, comentó que procesos de capacitación como este son una labor urgente para el país. “La articulación entre la academia, las instituciones públicas y, sobre todo, las personas defensoras de derechos humanos, es fundamental. Fortalecer sus capacidades les permite saber cómo protegerse, a dónde acudir y qué rutas seguir. También refuerza la conciencia sobre su rol como defensoras y defensores, y nos recuerda las responsabilidades que tiene el Estado costarricense de acompañarles, protegerles y guiarles en su labor”, dijo la Magistrada.

Territorios y articulaciones que hicieron posible el proceso

El programa se implementó en cuatro grandes bloques forestales: La Amistad, Tortuguero, El Trifinio, Indio Maíz y La Moskitia. Su diseño se fundamentó en un mapeo de actores y encuentros diagnósticos realizados en Panamá, Guatemala y Costa Rica, donde participaron instituciones gubernamentales, redes indígenas, organizaciones comunitarias y representantes locales clave.

Gracias a estas articulaciones, fue posible desarrollar un proceso formativo pertinente y adaptado a cada territorio, lo que potenció la participación de asociaciones de desarrollo indígena, organizaciones de mujeres defensoras ambientales, guardaparques y diversos actores locales. En total, más de 120 personas —incluyendo participantes y representantes organizacionales— estuvieron vinculadas directa o indirectamente a las actividades de capacitación.

Nazareth Porras, Oficial de Proyectos de la Unión Europea, expresó que durante los módulos escuchó a las personas defensoras en un ambiente de confianza, compartiendo sus experiencias y desafíos. “Eso genera un aprendizaje cruzado invaluable. Una iniciativa como esta reúne a personas profundamente comprometidas con el ambiente, provenientes de distintos territorios, pero todas vinculadas a los bosques. Ese intercambio de conocimientos, de cómo enfrentan y superan situaciones complejas, es clave tanto para ellos como para nosotros,” afirmó.

Impacto regional y pasos futuros

“Los resultados evidencian un fortalecimiento significativo de las capacidades locales relacionadas con gobernanza, monitoreo, medios de vida sostenibles y gestión de amenazas. Las personas defensoras expresaron su compromiso de replicar los aprendizajes en sus comunidades, proceso que será acompañado en 2026 mediante materiales pedagógicos y asistencia técnica”, comentó María Sol González, especialista en Derechos Humanos, Derechos Ambientales y Equidad de Bosques del CATIE, quien ha sido parte del proceso.

Para el próximo año, el programa se ampliará a nuevos territorios: Selva Maya, Darién y La Moskitia. Además, se desarrollarán cursos virtuales e híbridos dirigidos tanto a quienes acompañan directamente la labor de las Personas Defensoras de Derechos Humanos Ambientales (funcionarios locales, organizaciones comunitarias) como a actores del nivel macro (instituciones nacionales, tomadores de decisiones y actores internacionales).

Tejiendo Redes, como parte del Programa Grandes Bosques de Mesoamérica, está comprometido con el fortalecimiento de capacidades, la protección de las personas defensoras y la consolidación de entornos más seguros y justos para quienes salvaguardan los ecosistemas mesoamericanos.